
Facebook y el Estado francés ya han colaborado previamente en lo referente a combatir el terrorismo, ofreciendo información como direcciones IP y más a los jueces que lo han demandado. Desde entonces, Macron y Mark Zuckerberg se han reunido en numerosas ocasiones, y esta decisión podría haberse negociado en ellas. La última reunión, y parece que decisiva, tuvo lugar entre Nick Clegg, vicepresidente de Facebook y antiguo vicepresidente de Reino Unido, y Cedric O.
Como reconoce Cedric O, que los juzgados tengan acceso a la información de Facebook sin necesidad de largos procesos burocráticos, "es algo muy importante, solo lo están haciendo para Francia".
Sonia Cisse, una abogada consultada por Reuters afirma que con esta novedad, "el discurso de odio ya no se considera parte de la libertad de expresión, ahora está al nivel del terrorismo". Todo se enmarca en un momento en que gobiernos e incluso el propio Zuckerberg comienzan a demandar con fuerza regulación sobre las grandes tecnológicas.
Algo extraño de este caso es que de momento no hay ninguna ley francesa que obligue a Facebook a entregar lo información a la Justicia, por lo que se desconocen bajo qué garantías y requisitos legales los jueces pueden demandarla.
El parlamento francés está debatiendo una ley para que las grandes tecnológicas que no eliminen contenido con odio reciban multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. Quién sabe si este acuerdo rebajará algo las condiciones de esa ley para Faceboook. Pero lo que parece claro es que no llegará al nivel de Australia, donde una ley permite incluso condenas por cárcel a empleados de las compañías que no eliminen contenidos como terrorismo y den aviso a las autoridades.
Sonia Cisse, una abogada consultada por Reuters afirma que con esta novedad, "el discurso de odio ya no se considera parte de la libertad de expresión, ahora está al nivel del terrorismo". Todo se enmarca en un momento en que gobiernos e incluso el propio Zuckerberg comienzan a demandar con fuerza regulación sobre las grandes tecnológicas.
Algo extraño de este caso es que de momento no hay ninguna ley francesa que obligue a Facebook a entregar lo información a la Justicia, por lo que se desconocen bajo qué garantías y requisitos legales los jueces pueden demandarla.
El parlamento francés está debatiendo una ley para que las grandes tecnológicas que no eliminen contenido con odio reciban multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. Quién sabe si este acuerdo rebajará algo las condiciones de esa ley para Faceboook. Pero lo que parece claro es que no llegará al nivel de Australia, donde una ley permite incluso condenas por cárcel a empleados de las compañías que no eliminen contenidos como terrorismo y den aviso a las autoridades.
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